12 de octubre de 2009

"Desarrollamos un sindicalismo sociopolítico, como corresponde a un sindicato anticapitalista"

Cortan el Ave, ocupan el Aeropuerto de Málaga y el próximo y harán una manifestación unitaria contra la crisis ¿Quiénes son? Son las trabajadoras y trabajadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). La Hiedra ha hablado con Javier García, responsable de comunicación y publicación del SAT y miembro de la dirección de la CUT (Colectivo de Unidad de los Trabajadores).

Para la gente que no sepa qué es el SAT, ¿puedes explicar un poco cómo se forma este sindicato y su historia?
El SAT nace hace dos años de la confluencia del SOC (Sindicato Obrero del Campo) y otros colectivos sindicales, con la intención de crear una central sindical andaluza de clase y anticapitalista. Actualmente, se ha convertido en un referente sindical dentro de la izquierda transformadora. Cuenta con unos 20.000-25.000 afiliados, y estamos en vísperas de iniciar el proceso hacia el congreso constituyente.


El sindicato ha crecido significativamente en las ciudades desde su creación. ¿Cómo se ha dado este proceso y en qué situación se encuentra actualmente?
Antes de lanzar el SAT, se empezó a acercar al SOC gente que no tenía nada que ver con el mundo rural. Por ejemplo, en Sevilla capital había una unión local del SOC, y ninguno de sus miembros era jornalero. Mucha gente, debido a la combatividad y a la trayectoria del SOC, se fue acercando al sindicato, buscando una fuerza sindical alternativa al entreguismo que han practicado las direcciones de UGT y CCOO.

Todo este proceso, con la afiliación de personas que no están relacionadas con el campo y que pertenecen a otros sectores productivos como la construcción, la hostelería, la salud, la administración pública, etc., se materializa en la construcción del SAT. Ahora mismo somos el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Cádiz, y también en el mayor hospital de Andalucía, el Puerta del Mar. Estamos creciendo también en Sevilla capital, con varias secciones sindicales organizadas. Es un proceso lento, no es un boom, pero estamos despegando en las ciudades.

¿Cómo funciona internamente el SAT? La filosofía es bastante asamblearia, según tengo entendido.
A nivel nacional [Andalucía], existe un comité abierto a las asambleas locales. Éstas tienen un alto grado de autonomía, pero también articulamos la unidad de acción en torno a las decisiones del comité nacional. Por ejemplo, en la acción en que pretendíamos cortar la vuelta ciclista a España participó el conjunto del sindicato. Pero la asamblea local del sindicato decide prácticamente todo.

El SAT desarrolla asimismo un sindicalismo sociopolítico, que no se queda sólo en reivindicaciones laborales, sino que también tenemos demandas políticas, como corresponde a un sindicato anticapitalista.

¿Cómo se relaciona el SAT con asambleas de trabajadores y luchas concretas?
Nosotros, cuando nos llama alguien que tiene un conflicto, la mayoría de las veces trabajadores sin afiliación sindical o gente desilusionada con sus propios sindicatos, lo primero que hacemos es ponernos al servicio de la lucha, no preguntamos a qué sindicato pertenecen. Eso hace que mucha gente piense que le es más útil pertenecer al SAT que a los sindicatos tradicionales. Ocurre que a veces algunas secciones sindicales nos llaman a nosotros antes que a su propio sindicato (!).

Estamos, pues, convirtiéndonos –sin que suene pedante– en el referente del sindicalismo alternativo en Andalucía y el único sindicato capaz de arrebatar a medio plazo la hegemonía a CCOO y UGT.

¿Qué campañas estáis llevando a cabo? ¿Cómo está el tema de la represión?
Empezamos hace un año, ocupando el Banco Santander, señalando a los culpables de la crisis y también la complicidad política de los gobiernos, que han robado el dinero de los ciudadanos para regalárselo a los grandes bancos. A partir de ahí, exigimos que los gobiernos rescaten también a la clase trabajadora. La situación es muy grave, con pueblos con el 50% de la gente en paro, sin poder pagar hipotecas, facturas, y en algunos casos pasando hambre. Hicimos este verano la marcha por la dignidad y el empleo hasta Sevilla, recorriendo unos 50 km. hasta llegar a la sede de la presidencia del gobierno de la Junta de Andalucía, donde fuimos agredidos por la policía.

Finalmente, hubo dos reuniones con la Junta, en la que ellos aceptaron tres de nuestras propuestas. Dimos una tregua, hasta que el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones no contempló estos compromisos que acordó el gobierno andaluz con el SAT. A partir de ahí, retomamos las movilizaciones, y ahí es cuando hubo una mayor represión, tuvimos 60 heridos, la mayoría mujeres. Detuvieron a compañeros, les insultaron y maltrataron y les negaron incluso el agua.

Hemos regresado a una especie de franquismo, donde la policía apalea personas en protestas pacíficas.

En Andalucía, ¿cómo está gestionando la Junta la crisis? ¿Cómo veis el papel de IU?
La Junta de Andalucía no hace nada por defender los intereses de los trabajadores. Han tenido el mismo papel que el gobierno central y todos los gobiernos del mundo: han cogido el dinero público y se lo han regalado a los bancos y a las empresas.

Ahí tienes el ejemplo de Delphi, que se llevó muchísimo dinero público, la empresa se fue y dejó a los trabajadores tirados.

La Junta está autorizando EREs automáticamente, permitiendo que las empresas cierren, dejando a los trabajadores en la calle.

Nosotros no estamos para nada de acuerdo con eso y por eso nos estamos movilizando. Incluso a nivel político, IU también ha denunciado esa situación muchas veces. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a veces el posibilismo institucional de la dirección actual de IU les hace equivocarse: en el último debate que hubo en el Parlamento andaluz sobre la crisis, IU llegó a un acuerdo con el PSOE en determinadas medidas, y entendemos que eso es darle un balón de oxígeno al gobierno de la Junta. No estamos de acuerdo, no porque algunas medidas no fueran correctas, sino porque esas medidas no atacan al modelo neoliberal imperante. Esta crisis tiene una relación directa con las propias entrañas del sistema económico en el que estamos.

Algunas veces IU acierta y otras se equivoca. Algunos de nosotros pertenecemos a IU, pero no estamos de acuerdo con su dirección y así lo manifestamos.

En el ámbito de los trabajadores, tanto en la ciudad como en el campo, ¿cómo está la situación en Andalucía?
Hay un millón de parados. Si en el Estado hay cuatro millones y pico, ¡imagínate! Estamos en el 29%, y a eso tienes que sumarle la situación de precariedad de la gente que está trabajando; tenemos unos índices de precariedad de 10 o 15 puntos por encima de la media estatal. También la situación especial del medio rural; en Andalucía hay un medio rural muy activo, muy dinámico. Eso es bueno para la calidad de vida, que no estemos todos concentrados en las grandes ciudades.

El problema es que, en Andalucía, la estructura de la tierra es latifundista. Tenemos una concentración de la tierra mayor que en los años ‘30, con un 3,5% de propietarios que concentran el 54% de las explotaciones agrarias. Esto es feudal, no tiene nada que ver con el capitalismo –una de las primeras medidas de la revolución francesa fue acabar con el latifundio. Puede ser uno de los pocos o el único sitio de Europa donde existe una estructura latifundista de la tierra.

Esto significa que existe un enorme desempleo agrícola. Por ejemplo, en agosto de 2008 en Fuentes de Andalucía ocupamos la finca “Castillo de la Monclova”, propiedad de los Duques del Infantado. La finca tiene unas 7.000 hectáreas y está dando trabajo a unas 20 personas. Sin embargo, el Humoso, una finca de 1.200 hectáreas, colectivamente explotada por los trabajadores de Marinaleda, da 500 jornales diarios. Se demuestra con este ejemplo el obstáculo que significa para el progreso la existencia de los terratenientes y cómo los trabajadores organizados pueden explotar la tierra mucho mejor, de una forma ecológica, con calidad, dando trabajo y bienestar a la gente.

A nivel más político, tú eres miembro de la CUT, ¿cómo valoras la situación de la izquierda anticapitalista en el Estado español?
La situación de la izquierda, siendo franco, es deprimente. Estamos asistiendo a una crisis global del capitalismo, la mayor desde el crack del ‘29, y la izquierda sigue sin ser capaz de articular una respuesta. Hay sectores dentro de IU que son perfectamente capaces de juntarse con otros de fuera para articular una izquierda combativa anticapitalista. No hablo de romper; digo que hay sectores dentro de IU capaces de estar en una dinámica de izquierda anticapitalista. Otros no, pero hay muchísima gente honrada dentro de IU, a quienes tampoco se les ha planteado una alternativa.

Tenemos el proceso del Bloco d’Esquerda (en Portugal) y otros que se están dando. Podemos avanzar hacia procesos parecidos. IU tiene que ser superada, y tiene que dar luz a una nueva fuerza política anticapitalista y revolucionaria, y lo tiene que hacer conjuntamente con gente que estaba antes en IU y con otra que nunca lo ha estado. La izquierda tiene que ser capaz de alumbrar este proceso, pero tenemos que superar muchos déficits, muchos protagonismos que venimos arrastrando de hace mucho tiempo. IU necesita una refundación y abrirse a todo el mundo, y si tienen que desaparecer las siglas IU, tendrán que desaparecer.

¿Qué crees que tiene que pasar para que esto ocurra? A veces, hay movilizaciones sociales concretas que facilitan esto, como ocurrió por ejemplo en Alemania con Die Linke.
Por el hecho de que una fuerza política se constituya y llame a las demás, no se va a crear ese proyecto. En Andalucía, las movilizaciones están originando un cierto cambio de tendencia. No hablamos de la misma situación de hace dos años. Si el SAT, con todas sus debilidades organizativas y carencias, es capaz de ir articulando poco a poco esa alternativa que al final tendrá que tener un traslado en lo político, ¿cómo es posible que otra gente no pueda hacer lo mismo, teniendo mucha más afiliación, más fuerza y más recursos? Es una cuestión de voluntad política. Las condiciones se pueden cambiar a través de la lucha y la movilización. En el caso de IU la refundación no puede darse en clave endogámica, de puertas para adentro. Necesitamos a la gente más sana que vive y lucha fuera de IU y que son anticapitalistas.

A día de hoy, IU no goza de la credibilidad necesaria para atraer a esos activistas. Pero también tenemos una oportunidad: la crisis. La tarea, pues, es vincular ambos elementos y ser capaces de entusiasmar de nuevo a miles de activistas que en otras circunstancias estarían naturalmente nutriendo las filas de la izquierda política.


SITEL: un sistema de espionaje creado en 2001 y desconocido todavía por los jueces

Tras el atentado de las Torres Gemelas y antes de que el Gobierno de Aznar obtuviera la presidencia semestral de la UE, se encargó este sistema de espionaje a Ericsson, que todavía desconoce el mundo judicial. Treinta y seis millones de euros pagó en 2001 el Gobierno de Aznar a la multinacional Ericsson para que desarrollara un sistema de intercepción de llamadas telefónicas, lo que podría ser una adaptación para el Estado español del Interception Management System. Entonces el Partido Popular lo adquirió, desarrolló e implantó, aunque hasta la llegada de Zapatero a la Moncloa no se “procedió a activar dicho software, y además se generalizó su uso sin debate alguno y casi clandestinamente, no consta acto demostrativo alguno de su puesta en servicio”, explica en un escrito dirigido el 23 de septiembre al Defensor del Pueblo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, para que se inicie una investigación en relación con el funcionamiento del Sistema Legal de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL).



No es la primera vez que una denuncia sobre SITEL llega a alguna de las más altas instituciones del Estado. En 2006, el entonces teniente fiscal de Madrid informaba al fiscal general del Estado que era imposible un control judicial de este sistema como exige la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, para que las interceptaciones obtenidas mediante estas tecnologías puedan ser utilizadas como medio de investigación y prueba válido jurídicamente. “El disco que contiene la información que se entrega al juez no está acompañado de certificado digital alguno, ni está firmado electrónicamente, ni cifrado, por la sencilla razón de que no existe autoridad expedidora de tales certificados”, explica Internautas al Defensor del Pueblo. Por ejemplo, Miguel Ángel Gallardo, perito criminalista, denuncia a este periódico: “La Agencia de Protección de Datos (APD) debería garantizar que esta conversación no está intervenida”, pero desde la Agencia no tienen ningún conocimiento sobre el funcionamiento de SITEL, como aseguran a este periódico. Por su parte, el fiscal Martínez hace un llamamiento a que esta agencia sea la responsable de emitir esos certificados digitales, “es una tecnología muy poderosa que debe ser regulada bajo controles democráticos y judiciales muy fuertes, lo debería supervisar el presidente de la Agencia de Protección de Datos”, recalca.


Este sistema de espionaje, responsabilidad del Ministerio de Interior, fue regulado por el Gobierno con un Reglamento “evitando que la opinión pública pudiera tener conocimiento de la puesta en marcha de una herramienta terriblemente invasiva para la intimidad”, denuncia Domingo al Defensor del Pueblo. Por este modus operandi gubernamental, la Asociación de Internautas decidió recurrirlo, sin saber que ya estaba funcionando, ante el Tribunal Supremo en 2005. Tras varios años de espera, entendidos por esta asociación como tiempo para que el Gobierno pudiera normalizar la situación, se conoció la sentencia que desestimaba la demanda porque durante el desarrollo del proceso había sido promulgada la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación que elevó a rango de ley gran parte del contenido del reglamento. Pero la sentencia no aclara si la Ley ordinaria es suficiente para regular Sitel o no, tal y como defiende Internautas, criterio que también comparte el magistrado discrepante del parecer de la Sala Óscar González que formuló un voto particular. Según este juez el Tribunal debería de haber elevado la cuestión al Constitucional, para que revisase la ley ya que, según el TC o el TEDH, “el secreto de las comunicaciones no sólo cubre la conversación, sino también la identidad de los interlocutores”, lo cual colisiona con la regulación española.


Ni dónde, ni cómo


“Ni siquiera se sabe quiénes son los directores de los centros, ni dónde están ubicados”, afirma Martínez, que corresponden al Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil y Policía Nacional, este último operado por Fujitsu España Services, y que según el BOE se encontraría en las instalaciones del Complejo Policial de Canillas. Esta concesión le ha supuesto a la compañía informática unos ingresos de 854.400 euros.


A las denuncias de la facilidad con que se pueden modificar las grabaciones obtenidas por SITEL, se añade su desconocimiento por parte del mundo judicial. “No sabía de la existencia de SITEL, ni de que se haya puesto en marcha plan de formación alguno”, ha denunciado José Luis Requero, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.


Digitalización del espionaje


Los ‘pinchazos’ de teléfonos es algo prácticamente del pasado, como sucedió con las llamadas grabadas ilegalmente a empresarios, políticos, periodistas e, incluso, al rey, entre 1983 y 1991 por parte del antiguo CESID, que se conocieron al descubrirse el escándalo de los GAL. Al igual que con la operación Columna, los primeros guardias civiles que intentaron sindicarse también fueron pinchados.


Hoy escuchar un teléfono ajeno es mucho más sencillo, con un simple barrido de la señal, y es imposible detectarlo. También se puede utilizar software en las tarjetas SIM, comercializados bajo la excusa del control infantil por parte de sus padres. Otra forma de espionaje es activar de forma remota el micrófono del móvil que se puede detectar por el mayor consumo de batería, por su calentamiento o por interferencias en otros aparatos como radios o televisiones. Además para poder evitar esta intercepción de las comunicaciones existen páginas webs (cryptosms.org) para cifrar los mensajes de texto.


Mientras tanto, la UE está financiando el Proyecto Indect con 10 millones de libras junto a la policía de Irlanda del Norte y la Universidad de York, entre otras instituciones europeas. Este proyecto, que se desarrollara hasta 2014, tiene previsto crear un software para controlar la información que circula a través de la red.


Formas de espiar con móviles


ROVING BUG: De esta forma se puede escuchar en remoto, aunque el teléfono esté apagado, simplemente con tener la batería activa. Para lograr este objetivo sería necesario un software instalado físicamente en el terminal o que haya llegado como un virus a través de un sms. Durante años se especuló con esta posibilidad, hasta que una sentencia en 2006 en EE UU confirmó que el FBI había escuchado así a una banda de mafiosos.


MOBILEBACKUP: Este sistema para controlar teléfonos desde la distancia se comercializa por 2.500 euros. Se compone de un mini portátil, una PDA y el software necesario. De esta forma se puede grabar automáticamente los dos lados de la conversación, además de controlar los emails, escuchar el sonido ambiente y conocer exactamente la localización del teléfono por GPS.

Héctor Rojo Letón / Diagonal



El Vaticano presionó para que "Ágora" no se proyectara en España e Italia

El film que narra la historia de Hipatia, filósofa y matemática alejandrina del siglo V, es una llamada a la tolerancia y a la razón. Así describe su película Alejandro Amenabar. Sin embargo, la Iglesia católica la presenta como contraria a la religión. Incluso el Vaticano ha presionado para que no se proyecte el film en Italia y en España, mientras que la COPE asegura que constituye “un acto más en el combate sectario contra el cristianismo”.


Un diario italiano, La Stampa, aseguraba que Rachel Weisz, la actriz que encarna a la protagonista de la historia, “da miedo al Vaticano”, aunque fuentes cercanas a la Santa Sede niegan estar detrás de que el film no haya encontrado todavía distribuidor en el país, tachando de “disparate” la acusación.


En España, los medios mas reaccionarios y ultracatólicos se han lanzado contra la película. Así, en la web de la COPE, la emisora de la Conferencia Episcopal, se asegura que “Amenábar recurre al enfrentamiento entre la cosmovisión cristiana y la pagana, en un contexto histórico muy alejado de nuestras coordenadas, para emitir una sentencia histórica: si el paganismo fue luz, el cristianismo no ha sido otra cosa que oscuridad”. “Hipatia aparece en la película como la víctima de un cristianismo desalmado y cruel que prefiere la espada a la inteligencia, y la fuerza a la mansedumbre”, aseguran.


También desde el diario La Razón, Jesús Trillo Figueroa, miembro del patronato de la FAES, vinculado a círculos ultracatólicos y hermano del responsable jurídico del PP, arremete con dureza contra Ágora. Según él, “todo lo que cuenta es mentira de principio a fin” y nos encontramos “de nuevo” ante “un ataque ideológico perfectamente orquestado”. “Forma parte de la estrategia de reescribir la Historia a la que es tan aficionada nuestra izquierda”, advierte.