15 de diciembre de 2008

El diario de un padre capuchino detalla el horror de la represión franquista en Zaragoza



La religión y el patriotismo ampararon la matanza de varios miles de ciudadanos en Zaragoza durante la Guerra Civil y la posguerra. A cientos de ellos nunca se les inscribió en el registro de defunciones, mientras que otros muchos aparecieron como "hombre o mujer sin identificar". Al principio, en los meses que siguieron a la sublevación militar, ese terror no necesitó de procedimientos ni garantías previas. Sólo 27 de las 2.598 víctimas registradas en 1936 pasaron por consejos de guerra. A veces, las autoridades judiciales se presentaban para proceder al levantamiento de cadáveres, pero lo normal en esos primeros momentos es que quedaran abandonados a orillas del canal Imperial, en los descampados de Valdespartera o en los barrios rurales que rodeaban a la capital.

Unos meses después, puestos ya en marcha los juzgados militares, legalizado el asesinato por las autoridades golpistas, las ejecuciones se realizaban en las tapias del cementerio de Torrero, muy cerca de la cárcel. Fue testigo de ello Gumersindo de Estella, un padre capuchino que se encargó de la "asistencia espiritual a los reos" y que escribió, en forma de diario, unas memorias estremecedoras en las que describe el rito cotidiano de los fusilamientos, las confidencias de los condenados a muerte o la actitud de una parte del clero católico, empeñado "en acreditar con su sello divino una empresa pasional de odio y violencia".

La capilla de la cárcel de Torrero de Zaragoza era en realidad un local destinado a "sala de jueces", donde los días en que había ejecuciones se improvisaba un altar con lo necesario para la misa. Un retrato de Franco presidió la ceremonia hasta que a mediados de 1938 Gumersindo de Estella consiguió que fuera retirado, tras haber señalado insistentemente a las autoridades que "la presencia de Franco en la capilla y en su altar como santo crispaba los nervios de los reos y les causaba feroz indignación porque sabían que las sentencias de muerte eran firmadas por él".

Entraban los presos en capilla alrededor de las cinco de la mañana. El sacerdote hablaba con ellos, les preguntaba por sus familias, por la causa de la muerte y sobre todo si practicaban la religión. Algunos aceptaban la confesión y la comunión "con recogimiento envidiable". A otros había que convencerles de la necesidad de "buscar consuelo en lo sobrenatural". Había quienes no admitían diálogo o se negaban a recibir auxilio espiritual. "No señor, no me invite a practicar la religión", le dijo un reo el 11 de junio de 1938. "Las derechas están matando en nombre de la religión y hacen la guerra en nombre de la religión. Y una religión que les inspira tanta crueldad, no la quiero".

A las seis de la mañana, los guardias civiles comenzaban "la faena" de atarles las manos. De la cárcel los trasladaban a las tapias del cementerio en una camioneta. Durante el corto recorrido, continuaban sin cesar los "ayes lastimosos" que el sacerdote trataba de calmar dándoles a besar el crucifijo. Los acompañaba hasta que eran colocados en fila mirando a la tapia. Tras caer derribados por los tiros del pelotón de fusilamiento, les daba la absolución y la extremaunción antes de que el teniente de turno se acercara y descargara "dos o tres tiros de pistola en la cabeza".

Los que iban a morir le contaban a menudo, minutos antes de los fatales disparos, que habían sido denunciados por sus vecinos, con cualquier pretexto, rencillas personales, políticas, de negocios, que dejaban las manos libres al denunciante mientras al otro lo metían en la fosa. Cuando le confesaban que la denuncia había salido del cura, el padre Gumersindo reflexionaba sobre el daño que ese comportamiento hacía a la religión. Él, como cristiano y sacerdote, "sentía repugnancia ante tan numerosos asesinatos y no podía aprobarlos", una actitud que contrastaba con la de otros religiosos, "incluso superiores míos, que se entregaban a un regocijo extraordinario y no sólo aprobaban cuanto ocurría, sino aplaudían y prorrumpían en vivas con frecuencia".

Nada cambió con el final de la guerra, el 1 de abril de 1939: el mismo rito de la muerte, la farsa de los juicios, la desesperación de los presos inocentes. Muchos familiares removían Roma con Santiago para salvar a sus seres queridos. Y lo que encontraban eran largas, falsas promesas, macabros engaños. Como le sucedió a aquella madre que fue el 12 de febrero de 1940 a hablar con Gumersindo de Estella. Estaba contenta porque había sido muy bien recibida en Madrid y confiaba en que su hijo iba a ser indultado. "¡Infeliz!", anotaba en su diario el fraile capuchino, no sabía la madre que su hijo, Juan García Jariod, escribiente de Caspe de 22 años, tenía la sentencia de muerte firmada por Franco y había sido remitida a Zaragoza para su ejecución. Fue fusilado al día siguiente, 13 de febrero, junto a ocho condenados. Tres días después de su muerte llegó el indulto.

Era tanto el exceso asesino que hasta perfeccionaban el escenario. El 6 de noviembre de 1939, cuando Gumersindo de Estella llegó al cementerio acompañando a los 16 condenados de ese día, observó una novedad. Habían levantado una larga valla de tablones de más de dos metros de alto. Y entre esa valla y la tapia quedaba un espacio de un metro que había sido llenado de tierra. Las miles de balas descargadas desde julio de 1936 habían destrozado la tapia y los disparos traspasaban ya la pared, alcanzando a los ataúdes de los nichos del cementerio.

La mayoría de esos fusilados que constan en los libros de registro del cementerio -más de 3.000 durante la guerra y casi 500 durante la posguerra- fueron enterrados en fosas comunes. Allí permanecieron durante la dictadura de Franco, mientras que ya en 1941 se construyó en el cementerio una capilla-osario para los "caídos de la Cruzada de liberación" y unos años más tarde, en 1953, se levantó en la plaza del Pilar un gran "monumento a los héroes y mártires de nuestra gloriosa Cruzada".

En 1979, al efectuar unas obras en el cementerio, se descubrieron dos grandes zanjas de 500 metros de longitud por dos de anchura con los restos de numerosos asesinados. En aquella España recién salida de la dictadura nada se hizo por identificarlos, localizar a sus familias, darles una digna sepultura. Con algunas excepciones, los restos fueron trasladados a otra fosa común, enterrados de nuevo en el silencio, aunque el primer Ayuntamiento democrático de Zaragoza levantó allí un monolito en memoria de "cuantos murieron por la libertad y la democracia". En ese mismo cementerio, hoy, en su entrada principal, lo primero que el visitante contempla es la gran cruz del monumento a los héroes y mártires de la Cruzada, trasladado allí en 1992 desde la plaza del Pilar.

Son los diferentes recuerdos y memorias de aquella guerra y de la larga posguerra, unos omnipresentes y los otros ocultos, silenciados, recuperados con agrios debates políticos. Porque hay quienes creen todavía que desenterrar ese pasado, reconocer a esas víctimas de la guerra y de la dictadura, es "resucitar fantasmas de la peor historia de España y suscita rencores y divisiones", como dijo hace poco un concejal del PP del Ayuntamiento de Zaragoza. No se trata de fantasmas, sin embargo, sino de miles de víctimas masacradas en nombre del orden, la patria y la religión. Son el rostro visible de una historia que la democracia no puede olvidar.

Clase de Historia a pie de fosa





MÁLAGA.- Maniatados con alambres, tirados como animales, con el terror aún reflejado en los rostros. En la memoria, más de 70 años de sufrimiento, con la cal viva como prueba de lo que debió ser el horror. A la vista, unos 120 cuerpos. "Ésta es la fosa del patio civil. Éste es el tercer nivel y puede haber hasta siete", explica Andrés Fernández, arqueólogo que trabaja en las exhumaciones del antiguo cementerio de San Rafael, en Málaga.

No hay palabras para describir la estampa. Unos cuerpos encima de otros. Sin orden ni concierto. De la tapia al olvido. Un botón, una suela de zapato o una hebilla son los únicos detalles de lo que alguna vez representó una vida. "Los testimonios orales hablan de que les tiraban sin más. Cuando encontramos cierto orden es simplemente porque así aprovechaban más el espacio", cuenta Andrés.

Es la novena fosa en la que trabaja en San Rafael y estar cara a cara con la historia no siempre es fácil. "Detrás de cada cuerpo sabes que hay una familia". A pie de obra están siete técnicos desde el 16 de octubre de 2006 que empezaron las excavaciones. "Aquí tenemos contabilizados 4.371 fusilados, con nombres y apellidos. Y se sigue buscando información". Es la fosa más grande de España. Hasta la fecha han levantado más de 2.400 cuerpos.

"Lo primero que se hace es analizar los rasgos", cuenta Andrés, mientras a su espalda tres personas limpian con brochas algunos restos bajo la lona. "Vemos si es hombre o mujer. Con los datos que recabamos, las observaciones y los objetos encontrados rellenamos una ficha". Tras esto se procede a levantar los cuerpos y se depositan cada uno en una caja. "Se sigue una metodología arqueológica".

"Mira, esta persona tiene una bala en la rótula", señala Andrés. "Gran parte de la munición era italiana, lo que confirma el papel de este país en la toma de Málaga". Las tropas franquistas entraron en la ciudad andaluza el 8 de febrero de 1937.
Sólo queremos una sepultura digna

El cielo está encapotado y el barro tras las lluvias de los últimos días se va secando poco a poco. De la puerta del cementerio a la fosa del patio civil, "de diez metros de largo por tres de ancho", se suceden los agujeros con enormes montones de tierra al lado. José Dorado, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, se conoce el lugar como la palma de su mano. "Estas personas murieron por defender una libertad y una democracia. Sólo queremos darles una sepultura digna".

Y eso que las identificaciones se presentan "muy complicadas", señala Andrés. El mal estado de los cuerpos, el hecho de que no todos los asesinados tengan familia directa, los estragos de la cal... "El ADN es una opción, pero hay que ser realista". Pese a todo, las familias reclaman al Gobierno que agilice el decreto que deberá regular la identificación de los cadáveres.

Aún recuerda Pepe la última visita de unos chavales de 17 ó 18 años de un instituto de Alhaurín de la Torre. "Esto no es lo que está en lo libros", decían. "No es lo mismo que te cuente esto un profesor a verlo con tus propios ojos". Y aquí las puertas están abiertas para todo el que quiera venir.

Al padre de José, 74 años, le fusilaron el 17 de marzo de 1937. Y por él empezó su batalla. Un día de difuntos, hace unos años, vino a poner flores a su madre y a mi suegra. "Luego me acerqué a la zona donde sabía que estaba mi padre". Sin embargo, se encontró la puerta del cementerio cerrada.

Allí le informaron de que los restos de las personas enterradas en nichos y tumbas en San Rafael se los habían llevado a otro cementerio. "Y los fusilados de las fosas, ¿qué pasa con ellos?", constestóo Pepe. Aquí comenzó su lucha. Hoy compartida con las 500 personas que forman el colectivo.
Reunión de familiares

Acudió al Ayuntamiento, habló con todos los grupos políticos, llamó a asociaciones de otras partes de España, dejó su teléfono en el cementerio para contactar con más familias que estuvieran en su situación... "Hasta di una rueda de prensa". En 2003, todos estos esfuerzos dieron como resultado la asociación que hoy preside. "Nos reuníamos el primer jueves de cada mes".

Desde entonces la cuestión ha avanzado mucho. Ya han firmado dos convenios -el tercero se cierra en unos días-, en los que el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el Partido Popular, la Junta de Andalucía (PSOE) y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han apoyado la causa. "Cada uno da 80.000 euros, menos el Gobierno que, en el último convenio, aportó 100.000". Tienen claro que la ayuda es bienvenida tenga el color que tenga. "Hay que lograr que se anulen los juicios del franquismo", afirma José, cuestión que se quedó fuera de la Ley de Memoria histórica.

Detrás de todo este capítulo de la historia, hay horas y horas de investigación en archivos y cárceles. A Francisco Espinosa, hijo de represaliado, se le debe buena parte de esa labor. "Ahora estamos indagando sobre las cajas que salieron de aquí para llenar los nichos del Valle de los Caídos en Madrid". Saben que el 5 de marzo de 1959 se llevaron 34.

A unos metros de las casetas donde reposan miles de cuerpos, Rafa, voluntario de 52 años, sigue desenterrando la historia. "Aquí tiene que venir todo el mundo". Confiesa que durante años ha sido "un desconocedor" de lo que fueron aquellos años de represión. Ha llevado a sus hijos a la fosa. "Es positivo que la gente conozca la verdadera Historia".